El consenso como control social. Por Enrique Basla. - Revista La Defensa Nº XVI Febrero 2018
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El consenso como control social.
Por Enrique
Basla *
El control que se
ejerce sobre los actos de gobierno es diverso y tiene distintas
características.
Una práctica
saludable indica que los titulares de esos controles institucionales no sean
los controlados y, en muchos casos, se concede a la oposición un rol
fundamental en su conducción. Esta solución es del mejor linaje democrático y
condice con el principio republicano de la publicidad de los actos de los
gobernantes y de la responsabilidad de estos frente a la comunidad, que es su
mandante y a quien deben rendir cuenta.
Algunos de esos
controles se ejercen en forma previa. Esto es cuando un dictamen constituye una
opinión necesaria y un prerrequisito para la validez del acto gubernativo.
Otras veces el control se hace “ex post facto”, luego de los hechos, pudiendo
surgir de ellos, aprobación, observaciones o directamente, rechazo.
Es por eso que el
sistema de equilibrios y balances resulta ser tan importante para la vida de
nuestros países y para la concreta existencia de todos y cada uno de sus
habitantes. Que el gobierno pueda conducir pero que no haya excesiva
concentración del poder, esto es que éste no se ejerza de un modo hegemónico y
excluyente.
Uno de los
controles fundamentales es el que ejercen los Jueces, que tienen “imperium”, es
decir “poder”, para hacer que quien haya transgredido la conducta debida,
incurriendo en un ilícito o en una contravención, repare su daño y asuma su
responsabilidad, lo que puede ocurrir con condenas pecuniarias, inhabilitación
para el ejercicio de funciones y hasta sanciones penales. Esto es fundamental
para que los más débiles dispongan de “igualdad de armas” y no sean oprimidos
por quienes detenten superioridad económica, cultural o política: es lo que permite
que las mujeres y hombres del común puedan enfrentar arbitrariedades,
injusticias, abusos de poder.
La prensa y los
medios de comunicación masiva también son en el mundo contemporáneo vehículos
de contralor de tal grado importantes, que por ello se los ha denominado como
“el cuarto poder”.
El sistema
normativo y la organización social han establecido y preservan los controles.
En defensa propia.
Pero
estos mecanismos no son perpetuos y se ven constantemente expuestos a diversas
confrontaciones sociales que acentúan su eficacia, la disminuyen o vacían,
dentro de un espacio en donde el conflicto y el consenso dirimen la producción
de los valores según el nivel de adhesión o disconformidad.[1]
La manipulación de
la opinión pública destruye los fundamentos del conocimiento de la sociedad y
hace que se preste consenso a aquello que se ignora, o de lo que se tiene una
visión deformada o alterada, que no es verdadera o que se basa en el error. Las
formas legitimadoras –en este caso- serán puramente formales y parte de la
maniobra de engaño o distracción.
La historia nos
trae ejemplos trágicos de estas construcciones artificiosas: “...la propaganda,
una legislación improvisada y la extravagante simbología, facilitó la adhesión
espontánea de la mayoría del pueblo alemán al culto de la violencia y el
genocidio”[2]
Se ha acuñado hoy
la expresión “es una decisión política”. Ciertamente, no trae reminiscencias de
decisiones trascendentales, propias de estadistas. Sí de otras construcciones
que han sido nefastas para la humanidad: “la raza”, “la razón de estado”, “la
seguridad nacional”, “la guerra defensiva”, etc.
Bajo esta
expresión -que a veces se potencia con la “disciplina partidaria”- se encubre
en ocasiones todo tipo de incurias y arbitrariedades para castigar a los “díscolos”,
categoría a la que los abogados estamos muchas veces adscriptos. Lo que en
realidad se está sancionando –inadvertida o conscientemente- es la libertad de
pensar, la libertad de expresarse, la libertad de opinar, la libertad política,
la libertad de prensa, el pluralismo, la participación. Bases y fundamentos de
nuestra organización constitucional y política.
El consenso que se
otorga a los gobernantes en las elecciones no tiene este destino. Hemos dicho
antes de ahora que entenderlo así más que un error o una equivocación, sería
una conducta torcida. Sería –además- avanzar en la apropiación de la fuente de
legitimidad para dirigirla en contra de aquellos a quienes se debe proteger.
Si se instala el
nepotismo en los organismos que debe controlar la gestión, eso no es bueno.
Si el Congreso
claudica en sus funciones y solo se convierte en el legitimador formal de
“decisiones políticas” (de estas decisiones políticas), y sus integrantes
sucumben dejando de lado convicciones y principios ante el peso de los recursos
manejados con sentido unitario y hegemónico, iremos mal.
Si el Poder
Judicial es herido en el corazón de su independencia, no esperemos mejor
Justicia. Si el poder se apropia de las facultades de elegir y remover a los
jueces, todo dependerá del titiritero. Y ya sabemos que el poder no los cambia,
solo los desenmascara.
Debemos
resistir fieramente ante todo intento o tendencia de crear un sistema de
sumisión, de miedo programado, al que se pudiere llegar por vía del uso
limitado, y por aplicación sectorial, de la anestesia social.
Cuando
el pueblo otorga el consenso eligiendo por medio del voto a sus circunstanciales y transitorios
representantes, esto no significa que estos puedan hacer lo que quieran. La
responsabilidad de quienes elegimos sigue
viva y vigente y debe ser ejercida hoy si es que no se quiere llorar mañana.
Hoy,
como siempre, el poder tiene que luchar contra su propia naturaleza expansiva y
los funcionarios contra la sensación de omnipotencia. Lo importante de los
actos de gobierno es que sean perdurables y –por su fuerza- irreversibles. Eso no se consigue venciendo, si no
convenciendo.
*Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados
(1983/1987); Presidente de Honor de la Unión Internacional de Abogados
[1] Manuel
Moreira, “Antropología del Control
Social” (Ed. Antropofagia, pág. 26),
[2] Manuel
Moreira, op. Cit.