Si hay un sector de la sociedad auténticamente preocupado por el mejoramiento del servicio de justicia, es el de los abogados y las abogadas.

Y es natural que así sea por cuanto la independencia de los magistrados y magistradas, su adecuada formación, la celeridad en su labor, la ética, la moralidad, la honestidad, el buen funcionamiento en suma de ese poder, no solo facilita nuestra actividad profesional sino que; y eso es más importante, es la única forma de garantizar el acceso de quienes lo requieran, a la justicia idónea, imparcial, independiente y competente, como lo exigen la Constitución Nacional y un eficaz contralor de convencionalidad.

En más de una oportunidad recordé que Luis Martí Mingarro, en una charla brindada en una de nuestras Conferencias Nacionales de la Abogacía, afirmó que no es malo que los y las profesionales del derecho tengan ideas opuestas, al contrario, que eso es bueno para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones. Pero, que en las cuestiones fundamentales debemos todos y todas tirar para el mismo lado.

Hoy el tema de la democratización del poder judicial, la reforma de la justicia, o como se le quiera llamar, no parece correr precisamente por esa senda.

La apetencia de los poderes - político, económico, mediático, el llamado poder real - por dominar a los jueces y las juezas, ha sido una constante. Tan nociva para la democracia como la tendencia de algunos magistrados a incursionar en temas extraños a su actividad, supliendo a funcionarios elegidos por el voto popular.

Dentro del campo de la política también existen distintos intereses, distintas visiones y distintos proyectos.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados, en un pronunciamiento de enorme trascendencia, abordó esta temática en una Junta de Gobierno celebrada en Villa Mercedes, San Luis en 29 de marzo de 2019.

Creo que esa declaración bien puede ser nuestra guía de acción, en momentos de tanta confusión.

Comienza afirmando:

“La Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), entidad que agrupa a la abogacía organizada del país, expresa su profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que resultan de denuncias de corrupción mezclados con operaciones de inteligencia, que ponen en jaque a la justicia argentina, en especial a la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, superando cualquier límite de razonabilidad, acentúan la pérdida de confianza, credibilidad y prestigio que la sociedad le reclama”

Hace un llamado a la cordura y expresa su profunda preocupación por la situación descrita en el párrafo precedente. Interpela a los poderes, pero también a la sociedad y, obviamente, a nosotros, abogados y abogadas a quienes la institución representa:

“Notamos con creciente inquietud como la percepción negativa que se tiene del Poder Judicial supera incluso al descontento social referido a las restantes autoridades políticas del Estado, en todos sus estamentos. La confianza y credibilidad de las personas que se encuentran sometidas a la jurisdicción, constituyen insumos imprescindibles para suprimir la sospecha generalizada de parcialidad y falta de independencia que hoy prevalecen en la consideración social”

A todos y todas nos duele que la credibilidad del poder del Estado que debería ser la máxima expresión del respeto de los derechos y garantías, esté tan cerca del suelo.

Es necesario el aporte de todos y todas, participando activamente en nuestras instituciones de matrícula, incrementando de este modo la representatividad, la legitimidad, la democracia interna y el federalismo.

La declaración de Villa Mercedes, cada día más vigente, señala certeramente:

“La función judicial es el resguardo de los derechos y libertades de las personas, y custodia de las instituciones que hacen posible nuestra vida en democracia. Las garantías que la Constitución Nacional reconoce a los magistrados para permitirles el adecuado cumplimiento de su delicada misión de juzgar, debe ser un compromiso republicano efectivo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La denuncia por mal desempeño es un acto de extrema gravedad institucional que no puede ser banalizada, al punto de servir como un recurso ordinario más, destinado simplemente a saciar el interés particular del denunciante o generar una cuestión mediática. Cuando no existe credibilidad en los jueces y funcionarios judiciales, se quebranta uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Es necesario que la ciudadanía sepa que uno los objetivos esenciales de la reforma constitucional de 1994 fueron la defensa de la independencia, la jerarquización y la despolitización de la justicia. A 25 años de esa reforma, este objetivo se encuentra incumplido”.

El dramático llamado que la abogacía organizada efectuó hace tres años, está cada día más vigente.

La declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de la ley que organizó el Consejo de la Magistratura y la puesta en vigencia de una norma derogada por el Congreso de la Nación, mientras la política se muestra impotente para lograr acuerdos que permitan sancionar una ley que respete las directivas de 1994 en Santa Fe, agrega mayor confusión y descrédito. Súmase a ello que la actual integración de una Corte que se debate en rencillas internas, ha quedado reducida a cuatro integrantes, dos de ellos designados originariamente por Decreto y habiéndose votado, ellos mismos, Presidente y Vice.

No quisiera en este momento ser estudiante de derecho.

Nuestra Federación afirmó en aquella declaración, ya concretamente refiriéndose al Consejo y al Jurado de Enjuiciamiento:

“El sano y prudente equilibrio que debió procurarse en la integración periódica del Consejo de la Magistratura de la Nación entre los representantes de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo), de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, nunca se logró, y las sucesivas reglamentaciones legales fueron dando a los primeros una participación cada vez más preponderante, de forma tal de asegurarse el carácter político y no técnico de sus decisiones, así como desvirtuando su esencia y razón de ser. Algo similar sucedió con las diferentes integraciones del Jurado de Enjuiciamiento con legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”

Si se logrará con la resolución adoptada por la Corte Suprema, habrá de verse.

No deja de ser llamativo el prolongadísimo plazo que el Tribunal se tomó, manteniendo en el limbo y la incertidumbre a una figura constitucional que a todos y todas nos había ilusionado hace 28 años. Desde ya que la responsabilidad principal es de la política que no acertó a resolver mediante una ley adecuadamente consensuada un problema cuya solución dejó en manos de los jueces.

El implacable juicio de la historia seguramente repartirá las responsabilidades de manera más equilibrada que la que los poderes del Estado demostraron en la resolución de la cuestión que nos ocupa.

La abogacía organizada insistió en su reclamo. Lo dijo claramente en Villa Mercedes:

“Hace tiempo que esta Federación ha denunciado la necesidad de establecer una adecuada y equilibrada representación de los estamentos que deben conformar los órganos de los que depende la selección y enjuiciamiento de magistrados. La predominancia de los estamentos políticos origina en gran medida la pérdida de confianza en el Poder Judicial, generando sospecha sobre la idoneidad de un candidato selecto en un concurso o posibilitando presumir que los enjuiciamientos dependen más de la cercanía de los jueces al poder de turno, antes que a su buen o mal desempeño. El rotundo fracaso de la justicia y su falta de legitimidad social en los últimos tiempos ha sido recientemente reconocido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal al que hemos visto, en los últimos meses, mayormente sumido en una aparente fricción interna que en el cumplimiento de sus misiones constitucionales. A pesar de ello, no mencionó ninguna decisión de política institucional para revertirlo, sino que más bien admite la existencia de una magistratura débil y dependiente de los poderes políticos para su funcionamiento. Sin embargo, no cabe atribuir esta situación exclusivamente a la justicia, sino a los poderes políticos que, en sus diferentes integraciones pasadas y presentes, han despreciado su necesaria independencia. Es hora de la toma de decisiones que reconstruyan los vínculos de respeto y consideración de la ciudadanía argentina que nunca debieron romperse. Solo con jueces independientes, que nazcan desde su designación con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Justicia”.

Se logra este objetivo mediante el dictado de una sentencia que demandó tres lustros, que declaró inconstitucional una ley y dio vida a otra derogada por el Congreso?

Está por verse.

Soluciona en su integridad el problema del mal funcionamiento del poder judicial que la declaración de Villa Mercedes señala?

De ninguna manera.

La solución no está en manos del Consejo de la Magistratura ni del Jurado de Enjuiciamiento. Tampoco de la Corte Suprema. Exige una política integral, de amplio consenso, donde las apetencias sectoriales o partidarias se dejen el lado en beneficio del bien común.

Básicamente, debe desterrarse para siempre la politización de la justicia y la judicialización de la política.

En lo personal considero altamente gratificante que la representación institucional de la abogacía organizada, en la declaración que hoy traigo a nuestra memoria, haya tenido la amplitud, la claridad, la generosidad y la valentía que hoy siguen siendo tan necesarias como entonces.