Entre los días 24, 25 y 26 de abril del año 2019, en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, se llevó a cabo la XIX CONFERENCIA NACIONAL DE LA ABOGACÍA.

Fui convocado para integrar la mesa redonda: Los desafíos de la abogacía joven.

Podrán fácilmente imaginar la sensación que me provocó haber sido invitado a intervenir, con mis varias juventudes ya acumuladas. Fue verdaderamente un desafío que el buen humor me ayudó a sortear con cierta fortuna.

Pasados casi tres años me dispongo a abordar nuevamente el tema.

El 25 de este mes de marzo de 2.022, la abogacía joven de la Federación Argentina de Colegios de Abogados renueva su comisión directiva. Viene a reemplazar a la que presidiera Nicolás Díaz, que fue el motor de muchos avances de la juventud dentro y fuera de nuestra Federación. Ha sido invitado y participó activamente de todas las reuniones de la Mesa Directiva durante su mandato. Logró la integración de los jóvenes al COADEM (Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur) e impulsó encuentros con jóvenes colegas de otras latitudes.

Mucho tiempo ha pasado desde aquella empeñosa “Faquita” hasta la actual Comisión Nacional de la Abogacía Joven.

Los jóvenes colegas han logrado que desde aquellos viejos resquemores generador por lo que se consideraba “excesivo” entusiasmo, se pasara al elogio de nuestro Presidente a su empuje.

Nico se ha ganado el aprecio y el respeto de la abogacía organizada. También sus antecesores han dejado, cada uno a su tiempo, la impronta de su compromiso y tesón.

He tenido, desde hace muchos años, la fortuna de haber sido invitado en numerosas oportunidades a participar de distintas actividades de la abogacía joven. En todas y cada una ponderé su vocación por abrazar la más hermosa de las profesiones y por hacerlo con profundo sentido gremial.

En la convocatoria a sus pares, han emitido el siguiente documento:

“Nuestra Comisión Nacional de la Abogacía Joven convoca a jóvenes colegas de la Argentina a:

A.- Trabajar con criterios de igualdad, unidad y compromiso en el desempeño de tareas dentro del ámbito de la Comisión.

B.- Impulsar la operatividad de proyectos y recomendaciones emitidas por la Mesa Directiva de la F.A.C.A., a partir de las propuestas elevadas por la Comisión Nacional.

C.- Generar acciones específicas que permitan materializar beneficios y/o servicios directos para los colegiados jóvenes de cada Colegio federado, destacando así la función del delegado y delegada joven como contacto directo entre la Comisión Nacional y las/los jóvenes abogados de cada colegio.

D.- Difundir formalmente las actividades de la Comisión. El delegado o delegada debe ser un nexo para el eficaz conocimiento de las actividades desarrolladas en el seno de la Comisión Nacional, mediante el uso de herramientas que le permitan publicitar nuestras acciones.

E.- Rol social del abogado/a joven. En el marco de las competencias y facultades otorgadas por la F.A.C.A. a la Comisión, pretendemos afianzar el rol social que corresponde al abogado joven por su constante interacción con la sociedad. No solo a través de nuestro carácter de participes necesarios en el sistema de Justicia, y no sólo “auxiliares”, sino como actores principales con posibilidades de generar cambios positivos en nuestro medio. Los/las convocamos a generar ideas y ejecutar actividades que puedan mejorar la condición de instituciones que protejan a sectores más vulnerables. Citando al Dr. Guillermo Andrés Marcos (Vicepresidente C.A. de Bahía Blanca), decimos: “(…) En este particular contexto, debiera pensarse en lo indispensable de la gestión del abogado, en su rol de pacificador social; pero tal vez debiéramos hablar de un ejercicio distinto de la profesión, impregnado de compromiso social y de responsabilidad comunitaria. No decimos que la abogacía debe dejar de ser una profesión liberal, pero sí que debe abandonarse el concepto de su ejercicio individualista, centrado de modo exclusivo en la defensa de su cliente y del lucro que ello implica, por más legítimo que fuere. Vale decir que pensamos que, en este conflictuado contexto social, las decisiones del letrado deben contemplar con espíritu amplio y generoso las consecuencias de su estrategia y desistir de ella si resultare contraria al interés general. (…) En otras palabras, pensamos que el tejido social necesita del abogado/a un protagonismo más ligado con la situación general, no ya meramente con la particular del asunto sometido a su patrocinio, con miras a un ejercicio más eficaz de su tradicional objetivo de defender y consolidar la justicia, la democracia y el estado de derecho”.

F.- Espacio de formación dirigencial. La Comisión Nacional de Jóvenes debe transformarse en el espacio de debate natural que constituya una base formativa para la futura integración de instituciones por parte de los delegados/as jóvenes.

G.- Problemáticas individuales, soluciones colectivas. Entendemos que los conflictos planteados por las y los jóvenes abogados en un Colegio puede ser elevado por el delegado/a y atendido en el seno de la Comisión Nacional. Las diversas experiencias y costumbres de cada jurisdicción serán las formadoras de opiniones que fijen las alternativas de soluciones a los conflictos y generen previsiones a los demás colegios participantes.

H.- El cambio es ahora. La idea de juventud no puede limitarnos a originar cambios positivos dentro de la institución que representamos. Siempre ordenados en nuestros principios fundacionales y el ámbito de competencias de la Comisión, debemos comprometernos con la circunstancia que es hoy cuando podemos cambiar la realidad”.

En nuestras reuniones con la juventud, he transmitido algunos conceptos del ilustre jurista español Luis Martí Mingarro, quien escribió al prologar la obra de Rafael del Rosal: Normas deontológicas de la abogacía española:

“La indubitada condición pública de la tarea de abogar, porque público es el poder de juzgar en el que se incardina, conlleva que sea también publica la función de su control. Ese control lo asumieron los colegios cuando hace siglos fueron creados, precisamente lo que sucede cuando la función disciplinaria se ejerce “extramuros” de la abogacía: que se que se pone en riesgo la independencia y la libertad del profesional. Otra cosa es, claro es, que el resultado de ese control “intramuros” pueda y deba ser, llegado el caso, objeto del ulterior revisión jurisdiccional.

Nadie mejor que la propia profesión conoce los mil y un matices de la relación cliente-abogado; y si el control disciplinario se ejerciera desde fuera, quién lo hiciera tendría en sus manos la posibilidad de romper o erosionar la plenitud de la defensa libre y de la confidencialidad. No se nos oculta que sí el juez que conduce el proceso tuviera potestad disciplinaria (otra cosa es el orden o la policía de estrado), el abogado estaría trabajando en un marco de riesgo para su libertad y su independencia. Tal cosa no es admisible. Como tampoco lo es el que con trasnochado corporativismo desde nuestros Colegios se enjuicien con tibieza, despegadamente, con aire protector, con complicidad tuitiva, las faltas disciplinarias de los abogados.”

Siempre he insistido en la importancia de la colegiación de ley. Enfaticé siempre que el abogado o la abogada no son plenamente tales, hasta tanto se incorporen a su colegio de matrícula. En este sentido dos provincias argentinas exigen el esfuerzo de todos y todas, para lograr esa colegiación: Chaco y Santa Cruz. Los y las jóvenes tienen mucho que aportar en este sentido.

Tal es el avance que la abogacía argentina organizada ha logrado; con esa dos lamentables excepciones, que mediante acuerdos con instituciones hermanas de América Latina se está colaborando para que países, como por ejemplo México, logren la colegiación obligatoria.

Yo me permito interpelar a los jóvenes y las jóvenes colegas, sobre todo a sus nuevas autoridades para que se formulen algunas preguntas, como ser:

Tenemos los jueces que queremos, Magistrados que con sabiduría, rectitud, independencia y objetividad aseguren el acceso a la jurisdicción?

Si la respuesta es negativa, el desafío y el compromiso es poner todo esfuerzo posible en lograr los cambios institucionales que correspondan  dentro del Estado de derecho democrático y constitucional.

En este punto es bueno recordar lo que han afirmado en Villa Mercedes, San Luis, la Mesa Directiva y la Junta de Gobierno. Leamos con atención y verifiquemos si esa situación ha mejorado, se mantiene o se ha agravado:

“ La Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), entidad que agrupa a la abogacía organizada del país, expresa su profunda preocupación por los hechos de público conocimiento que resultan de denuncias de corrupción mezclados con operaciones de inteligencia, que ponen en jaque a la justicia argentina, en especial a la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, superando cualquier límite de razonabilidad, acentúan la pérdida de confianza, credibilidad y prestigio que la sociedad le reclama.

Notamos con creciente inquietud como la percepción negativa que se tiene del Poder Judicial supera incluso al descontento social referido a las restantes autoridades políticas del Estado, en todos sus estamentos.

La confianza y credibilidad de las personas que se encuentran sometidas a la jurisdicción, constituyen insumos imprescindibles para suprimir la sospecha generalizada de parcialidad y falta de independencia que hoy prevalecen en la consideración social.

La función judicial es el resguardo de los derechos y libertades de las personas, y custodia de las instituciones que hacen posible nuestra vida en democracia.

Las garantías que la Constitución Nacional reconoce a los magistrados para permitirles el adecuado cumplimiento de su delicada misión de juzgar, debe ser un compromiso republicano efectivo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La denuncia por mal desempeño es un acto de extrema gravedad institucional que no puede ser banalizada, al punto de servir como un recurso ordinario más, destinado simplemente a saciar el interés particular del denunciante o generar una cuestión mediática.

Cuando no existe credibilidad en los jueces y funcionarios judiciales, se quebranta uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

Es necesario que la ciudadanía sepa que uno los objetivos esenciales de la reforma constitucional de 1994 fueron la defensa de la independencia, la jerarquización y la despolitización de la justicia.

A 25 años de esa reforma, este objetivo se encuentra incumplido.

El sano y prudente equilibrio que debió procurarse en la integración periódica del Consejo de la Magistratura de la Nación entre los representantes de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo), de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, nunca se logró, y las sucesivas reglamentaciones legales fueron dando a los primeros una participación cada vez más preponderante, de forma tal de asegurarse el carácter político y no técnico de sus decisiones, así como desvirtuando su esencia y razón de ser.

Algo similar sucedió con las diferentes integraciones del Jurado de Enjuiciamiento con legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal.

Hace tiempo que esta Federación ha denunciado la necesidad de establecer una adecuada y equilibrada representación de los estamentos que deben conformar los órganos de los que depende la selección y enjuiciamiento de magistrados.

La predominancia de los estamentos políticos origina en gran medida la pérdida de confianza en el Poder Judicial, generando sospecha sobre la idoneidad de un candidato selecto en un concurso o posibilitando presumir que los enjuiciamientos dependen más de la cercanía de los jueces al poder de turno, antes que a su buen o mal desempeño.

El rotundo fracaso de la justicia y su falta de legitimidad social en los últimos tiempos ha sido recientemente reconocido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal al que hemos visto, en los últimos meses, mayormente sumido en una aparente fricción interna que en el cumplimiento de sus misiones constitucionales.

A pesar de ello, no mencionó ninguna decisión de política institucional para revertirlo, sino que más bien admite la existencia de una magistratura débil y dependiente de los poderes políticos para su funcionamiento.

Sin embargo, no cabe atribuir esta situación exclusivamente a la justicia, sino a los poderes políticos que, en sus diferentes integraciones pasadas y presentes, han despreciado su necesaria independencia.

Es hora de la toma de decisiones que reconstruyan los vínculos de respeto y consideración de la ciudadanía argentina que nunca debieron romperse.

Solo con jueces independientes, que nazcan desde su designación con la credibilidad social de su formación, su ética y su desempeño, se recuperará la confianza en la Justicia.

Por ello, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados reunida en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, RESUELVE:

1) Expresar su profunda preocupación por los hechos de público  conocimiento que afectan a la Justicia argentina, y en especial a su  fuero federal.

2) Solicitar públicamente a los poderes del Estado Nacional que  adopten, en sus respectivas esferas de competencias, las medidas y  políticas activas necesarias para revertir la situación de desprestigio  en la Administración de Justicia

3) Requerir que el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera  directa y de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, legales y  reglamentarias, por via de superintendencia, diseñe y ejecute un  plan de control de gestión de todos y cada uno de los juzgados,  cámaras y tribunales orales del país y especialmente los juzgados  federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo,  solicitar que publicite los resultados de la auditoría realizada sobre  la justicia federal penal de esa jurisdicción.

4) Solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a resolver,  poniendo fin a la incertidumbre, acerca de la inconstitucionalidad   declarada sobre la conformación del Consejo de la Magistratura de  la Nación, dando trámite y pronunciándose en la causa que está  sometida a su competencia.

5) Peticionar al Congreso Nacional para que, con la celeridad que el  caso requiere, considere y de tratamiento a los distintos proyectos  de reforma referidos al Consejo de la Magistratura de la Nación,  respetando los principios de equilibrio y participación de los  estamentos, conforme lo previsto en el artículo 114 de la  Constitución Nacional.

Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.)

Eduardo Massot Presidente Marcelo C.C. Scarpa Secretario

Villa Mercedes, 29 de marzo de 2019”

Esta firme declaración de nuestra Federación demuestra que a ningún otro estamento de la sociedad interesa tanto la independencia del Poder Judicial, como a la abogacía organizada. También que ésta perdería razón de ser si desatiende las necesidades de cambios que vayan por la rectora senda trazada en Villa Mercedes

Otra Pregunta que sugiero se hagan: Tenemos las instituciones gremiales que representen la auténtica defensa del ejercicio profesional sin compromisos sectoriales? Representan el sentir, la necesidad y los intereses de toda la abogacía, sin exclusiones?

Y en mi opinión, aquí estamos hablando de representatividad y de legitimidad, lo que nos conduce a otra pregunta

Por qué es minoritaria la participación de los colegas, jóvenes o no, en nuestros Colegios, Asociaciones y Consejos? Cómo hacer para instarlos para que se incorporen al trabajo gremial?

Qué se ganaría con incorporaciones masivas de abogados y abogadas a la contienda y el trabajo gremial? Nada más y nada menos que más democracia y más federalismo.

El desafío es serio. Las tareas por desarrollar, mucha. Si entre todos y todas, trabajando con seriedad y compromiso, logramos éxito, nuestra Federación no solo mantendrá su bien logrado prestigio, sino que lo incrementará.

En esta etapa de relaciones y acuerdos con instituciones hermanas de otros países, bien merece la pena redoblar el esfuerzo.

Con modestia y desde larga militancia, me permito invitar a los y las colegas jóvenes, sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora, han dejado hace tiempo de ser la “Faquita”, abracen con fuerza la causa de la defensa de los Derechos Humanos y del ejercicio profesional.

Y tengan siempre presente algo que Nicolás Díaz repite con convicción, no son el futuro, son el presente.